Según la Defensoría del Pueblo, un conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios; siendo dividido en tres estados, los cuales son:

- conflicto activo, cuando una de las partes o terceros expresa demandas públicas, formales o informales;

- conflicto latente, cuando el conflicto no se encuentra expresado públicamente, está en estado inactivo pero las autoridades se dan cuenta de ello a través de la concurrencia de factores que conllevan a un curso de colisión;

- conflicto resuelto, cuando la solución del conflicto es aceptada por todas las partes intervinientes mediante un acuerdo, norma o resolución.

A su vez, los conflictos activos tienen varias fases:

a) Fase temprana es el momento en que los actores hacen público sus malestares.

b) Fase de escalamiento es el momento en que la tensión aumenta entre la partes del conflicto.

c) Fase de crisis es el momento que los reclamos son realizados por los actores, pero de forma violenta, una parte contra otra parte del conflicto.

d) Fase de desescalamiento es el momento en que la intensidad de la violencia de las acciones y las relaciones de tensión entre las partes del conflicto disminuye; siendo el primer paso para comenzar el diálogo.

e) Fase de diálogo es el momento en donde se desarrolla un proceso de comunicación entre las partes del conflicto con la finalidad de resolver el conflicto existente.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (ver gráfico 1), existen en el Perú 143 Conflictos Sociales Activos; de los cuales 81 se encuentran en proceso de diálogo. Durante los últimos 4 meses, las regiones con mayor número de conflictos son Apurímac y Ancash, teniendo en el mes de marzo 23 y 22 conflictos activos respectivamente. 

A pesar de la Ley de Consulta Previa, el número de conflictos sociales que existen a nivel nacional sigue aún siendo alto. La ausencia de un ente que audite el cumplimiento de los acuerdos entre las comunidades y la empresa evidencia la falta de compromiso y voluntad política por parte del Estado para prevenir los conflictos entre ellos.  

El 79% de los conflictos sociales activos son socio-ambientales, en dicha área se incluye minería, hidrocarburos, energía, residuos y saneamiento, forestales y agroindustrial (ver gráfico 2). Cabe resaltar que la mayoría de ellos tiene relación con el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y la consulta previa, por lo que podemos indicar que aún es un tema pendiente de la agenda nacional para la prevención de conflictos sociales.

A continuación explicaré los conflictos sociales activos que se encuentran en la fase de diálogo pero sin llegar a un acuerdo final entre las partes del conflicto debido a su grado de complejidad: 

Conga

Conga es un proyecto minero de extracción de cobre y oro, cuyo titular es la Minera Yanacocha SRL. Se encuentra ubicada en las provincias de Celendín y Cajamarca, región Cajamarca. Las actividades de exploración del proyecto Conga se iniciaron en el año 2004. En el 2008, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) mediante Resolución Directoral N° 243-2008-MEM/AAM; en años posteriores la empresa Yanacocha realizó dos modificaciones al EIA.

En el 2010, se presentó el último EIA, conllevando al comienzo del conflicto ya que las comunidades cercanas a realizar el proyecto indicaron que tiene muchas irregularidades por lo que solicitaron su revisión, además denunciaron que el proyecto puede afectar a 4 lagunas: Azul, Perol, Mala y Chica. La respuesta de Yanacocha fue que se construiría cuatro represas de mayor capacidad que las lagunas para el consumo humano y agrícola.

La fase de crisis del conflicto se inició en octubre de 2011 con un paro indefinido convocado por 8 caseríos de Celendín, que incluyó el bloqueo de carreteras, obligando a Yanacocha a paralizar sus actividades de manera indefinida. Asimismo, en diciembre de 2011, el Estado decretó el estado de emergencia en la región de Cajamarca.

El 1º de febrero de 2012 comenzó la “Marcha del Agua” en Cajamarca, debido a la falta de resolución por parte del Estado ante el conflicto, dicha marcha llegó a Lima el 9 de febrero del mencionado año. Ante ello, el gobierno ordenó que se realice un nuevo EIA mediante un peritaje internacional para probar su imparcialidad ante el conflicto.

El "Dictamen Pericial Internacional del Componente Hídrico del EIA del Proyecto Minero Conga" se presentó el 17 de abril de 2012; sin embargo las manifestaciones no cesaron. En julio de ese mismo año, durante un enfrentamiento entre los opositores del proyecto y la Policía tuvo como resultado la muerte de tres civiles y una treintena de heridos (entre civiles y policías), y la ampliación de la declaratoria de emergencia de la región de Cajamarca hasta el mes de setiembre. Luego de estos lamentables sucesos, la empresa Yanacocha señaló la suspensión del proyecto.

En 2014, Javier Velarde, Gerente de la empresa Yanacocha, declaró que no se ejecutaría el proyecto Conga hasta que la empresa no tuviera la “licencia social”. Por otro lado, hay que destacar la participación activa de las rondas campesinas, quienes realizaron visitas a las 4 lagunas previstas en el proyecto Conga, con la finalidad de supervisar que Yanacocha cumpliera con la no ejecución del proyecto. En recientes declaraciones, la empresa Newmont Mining Company, accionista mayoritaria de Conga, indicó que había decidido abandonar el proyecto, debido al rechazo que tiene en la región Cajamarca.

El conflicto de la empresa Yanacocha con los pobladores de Celendín y Cajamarca incluye el uso del agua y la tierra. Respecto del agua, se encuentran en conflicto las 4 lagunas anteriormente mencionadas; respecto de la tierra, se encuentra el caso de la señora Máxima Acuña y su familia, propietarios de la parcela denominada “Tragadero Grande”, ubicada frente a la laguna Azul, que serían directamente afectados si se realizará el proyecto Conga, ya que dicho terreno se convertiría en un tajo abierto.

En el 2011, Yanacocha presentó una demanda contra Máxima Acuña, alegando que la Sra. Acuña usurpaba “Tragadero Grande” y que la empresa era la verdadera propietaria del terreno en conflicto. Tras varias apelaciones en diciembre de 2014, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falló a favor de Máxima Acuña y su familia, absolviéndola de la denuncia que interpuso Yanacocha por apropiación ilícita de terrenos.

Durante los años que duró el juicio entre la familia Chaupe-Acuña y la empresa Yanacocha, las agresiones y el hostigamiento fueron constantes, e incluyeron el emplazamiento de cámaras y el uso de “drones”. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional ha dispuesto como mínimo una vez por mes el desplazamiento inopinado de parejas de efectivos policiales a bordo de motocicletas, con la finalidad de garantizar la vida y la integridad de la familia Chaupe-Acuña.

Poco después de que Newmont anunciara la no ejecución del Proyecto Conga, Máxima Acuña fue galardonada con el Premio Goldman 2016, por la defensa del medio ambiente y su lucha por la defensa de su propiedad.

Tía María

Las primeras exploraciones que se realizaron en Tía María fueron en el año 1994 por la empresa Teck Cominco. El año 2003, la empresa Southern Perú Cooper Corporation (en adelante, Southern Perú) inició un programa del proyecto de explotación mineral de cobre, teniendo dos yacimientos: La Tapada y Tía María, que se encuentran en la provincia de Islay, región Arequipa.

El primer EIA fue elaborado entre los años 2008 y 2010 por la empresa Water Management Consultants. En el año 2010, Pedro Sánchez, Ministro de Energía y Minas (MINEM), firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con la finalidad de revisar todos los EIA de los proyectos a nivel nacional, siendo el primero en ser revisado el de Tía María, ya que desde noviembre de ese año habían comenzado los conflictos entre Southern Perú y los pobladores de Islay.

A pesar que el MINEM canceló el convenio suscrito con la UNOPS por restricciones presupuestales, dicha oficina entregó la Revisión “Ad Hoc” del EIA del Proyecto Tía María en marzo de 2011, en un Informe de Observaciones y Requerimientos de Información Complementaria, conteniendo 138 comentarios sobre el proyecto, siendo los más importantes el manejo de los recursos hídricos, agricultura y las percepciones de la población con relación al proyecto.

El 23 de marzo de 2011 se inició una huelga indefinida de los pobladores de Islay en rechazo al proyecto Tía María, dando inicio a varios enfrentamientos entre la población y la Policía. Como resultado, hubo heridos por ambas partes y se declaró el estado de emergencia en la región de Arequipa. A pesar de las medidas de excepción, en abril del mismo año, 3 personas murieron a causa de nuevos enfrentamientos; ello conllevó a la paralización del proyecto hasta el 2013.

En el 2014, el MINEM aprobó un segundo EIA presentado por Southern Perú, que incorporaba las recomendaciones realizadas por la UNOPS. Sin embargo, las protestas contra la realización del proyecto fueron retomadas por los pobladores en marzo de 2015. En marzo del 2016, Southern Perú informó a la Defensoría del Pueblo sobre las acciones que habían efectuado hasta el 31 de diciembre de 2015, antes y durante el paro: dictado de charlas, cursos, campañas médicas y contratación temporal de mano de obra local.

El proyecto Tía María esta paralizado en la actualidad, pero los pobladores de Islay tuvieron conocimiento de que Southern Perú planea reiniciar el proyecto en el 2017. Por ello, han retomado las movilizaciones y se niegan a dialogar.

Las Bambas

Las Bambas es un proyecto minero cuya finalidad es la extracción de concentrados de cobre y molibdeno, se encuentra ubicado en la provincia de Cotabambas, región Apurímac. En el 2004, el Estado otorgó a Xstrata Cooper la licencia de exploración para el Proyecto las Bambas. El 07 de marzo de 2011 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) mediante Resolución Directoral N° 073-2011-MEM/AAM, la cual señala la construcción y operación del proyecto en tres distintas áreas: Las Bambas (Apurímac), Mineroducto (Apurímac y Cusco) y Tintaya (Cusco).

Sin embargo, el EIA sufrió modificatorias posteriores que causaron disconformidad entre los pobladores que viven cerca al proyecto; ellos indican que el EIA modificado incumple lo acordado con la empresa Xstrata. El 25 de setiembre de 2015, los pobladores del distrito de Challhuahuacho (Provincia de Cotabambas – Apurímac) iniciaron un paro de protesta; el 28 del mismo mes, ocurrió un enfrentamiento entre la Policía y los pobladores. Producto de dicho enfrentamiento murieron 3 civiles y 19 más quedaron heridos, y se declaró el Estado de Emergencia en la región.

Desde aquella fecha hasta la actualidad, se han instalado mesas de diálogo entre los pobladores con los representantes del Estado (MINEM, MINAM, MIDIS, MVCS y otros representantes del Poder Ejecutivo) y la empresa Xstrata, con la finalidad de llegar a un consenso, ejerciendo el rol de conciliadores los representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

El 8 de marzo del 2016, una delegación de comuneros de la “Asociación Unión de Comunidades Campesinas de Influencia Directa e Indirecta Afectados por el Proyecto Minero Las Bambas” (UCCAMBA) llegaron a Lima en representación de 47 comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau; el 29 del mismo mes iniciaron una huelga de hambre en Lima. A pesar de los múltiples grupos de trabajo formados por diferentes entidades estatales para informar sobre el proyecto minero a la población, aún no se ha podido llegar a un acuerdo final ya que los pobladores continúan demandando las modificaciones y revisión del EIA y el cumplimiento de los acuerdos firmados con Xstrata desde el año 2011.

La intención de este informe es meramente informativa; los casos han sido seleccionados respecto a la similitud de sus características, ya que los tres son proyectos mineros, se encuentran en conflicto más de 5 años aproximadamente, las consecuencias de la fase de crisis de los conflictos son las muertes de civiles, y cada uno de ellos ha sido aprobado antes de la promulgación de la Ley de Consulta Previa. Cabe indicar que los casos “Espinar” y “Lote 192” también son de importancia nacional, pero serán explicados en futuros informes.