16 años después del fin del conflicto armado interno en el Perú, el pueblo todavía está esperando reparaciones, las respuestas, a sus seres queridos. 13 años después de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) el pueblo se pregunta si el gobierno finalmente asumirá la responsabilidad, no señalando culpables, sino devolviendo a las personas desaparecidas a sus respectivas familias y dejándolas en paz de una vez por todas.

El 2016, los familiares de las víctimas volvieron a tener ante sí la esperanza de descubrir la verdad. La Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del período 1980-2000 fue aprobada por el Gobierno peruano, con un Plan Nacional de Implementación que ha sido publicado hace pocas semanas. Nos preguntamos si 2017 será finalmente el año en que se logren avances significativos respecto de las búsquedas y exhumaciones de las personas desaparecidas durante el conflicto a nivel nacional.

Han pasado ya más de 30 años desde que todo comenzó, lo que significa que las familias y los testigos pudieron haber fallecido, o pudieron haberse perdido pruebas críticas. Aún más preocupante es la desintegración de los cuerpos de las víctimas, que si no se recuperan pronto, pueden perderse para siempre. 

Por supuesto, el Perú no es el único país que ha terminado un conflicto interno con miles de personas desaparecidas hasta la actualidad. Este escenario desafortunado es enfrentado por muchos países en todo el mundo, incluyendo Colombia y Guatemala. Estos dos países, hasta cierto punto, plantean la cuestión de por qué el Perú está rezagado cuando se trata de llevar a cabo búsquedas y exhumaciones exitosas de desaparecidos.

Colombia, bajo el Plan Cementerio, prevé excavar todos los cementerios donde las víctimas fueron enterradas masivamente, con la esperanza de identificarlas, devolverlas a sus familias y permitirles ser enterrados con el respeto y la dignidad que merecen. El Plan Cementerio está respaldado por el gobierno, mediante el Instituto de Medicina Legal que supervisa y ejecuta el Plan junto con la Fiscalía. Desde el inicio del Plan en 2015, se han observado rápidos progresos, con varias búsquedas que resultaron en la exhumación de cuerpos que están en proceso de identificación.

Aunque el Plan Cementerio está progresando, esto no quiere decir que no tenga sus defectos; el proceso de identificación está resultando difícil. Sin embargo, el Instituto tiene espacio y recursos para almacenar los cuerpos que resultan difíciles de identificar, lo cual es muy importante, ya que éstos pueden ser conservados correctamente, evitando su deterioro. Sin embargo, aunque Colombia todavía está sufriendo el conflicto armado interno, sigue haciendo más progresos que Perú, cuyo conflicto terminó hace 16 años.

Guatemala, como Colombia, debería servir de ejemplo para el Perú. En particular la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) debe ser acreditada por su duro trabajo y sus notorios progresos. La FAFG muestra lo que la financiación y respaldo adecuado pueden hacer en términos de búsquedas, exhumaciones y la liberación de documentos confidenciales de las fuerzas de seguridad, como el llamado Diario Militar, gracias al cual se pudieron exhumar 29 cuerpos. La FAFG recibe apoyo y financiamiento de USAID, la Embajada de los Países Bajos y la Embajada de Suecia.

El Estado peruano debe cumplir su misión de buscar y obtener fondos internacionales de ayuda para lograr la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que el apoyo externo y la presión del sistema internacional impulsarían a dar algunos pasos favorables para esclarecer todos los hechos.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debe conducir al Perú hacia un proceso de verdad y reconciliación, recuperando a las víctimas de esos trágicos años de violencia. Ya se ha hablado demasiado, y 2017 tiene que ser el año en que el Estado peruano finalmente tome acción y dé la larga y merecida verdad a su pueblo. El tiempo para que las familias vuelvan a sus seres queridos es limitado y se agota; la generación de la guerra ha tenido que esperar 16 años por la ley, y no hay manera de que puedan esperar otros 16 años para que esta ley sea implementada con éxito. Ahora es el momento que el pueblo del Perú ha esperado.