Extrema pobreza, problemas de salud, alto nivel de fracaso escolar, violencia familiar, marginalización y discriminación son indicios, según la ONU, de que la situación de los pueblos autóctonos en Canadá es muy alarmante. Esta grave situación observada en las comunidades indígenas puede explicarse por diversos motivos. Sin embargo, los malos tratos que históricamente sufrieron en los "internados autóctonos", y que aún no se han superado, son considerados como una de las causas principales de este malestar social generalizado.

La complejidad de la realidad actual encuentra su fuente en una política de asimilación aplicada por el gobierno canadiense a partir de los años 1870. Más específicamente, en 1876, fue promulgada la Ley Federal sobre los Autóctonos, otorgando al gobierno la autoridad para legislar sobre las Primeras Naciones y sus tierras reservadas.

El objetivo central de esa nueva ley federal era simple: educar, asimilar e integrar a los jóvenes indígenas a la cultura mayoritaria eurocanadiense. Para lograr semejante propósito, las autoridades financiaron escuelas residenciales, llamadas "internados", administrados mayoritariamente por la Iglesia Católica. Los jóvenes de las comunidades indígenas entre 5 y 16 años de edad eran llevados a la fuerza a esos internados, donde pasaban más de diez meses al año, sin posibilidad de ver a sus parientes. Incluso, varios jóvenes no veían a sus familias durante años, por la larga distancia entre sus casas y los internados.

Para "matar al indio en el niño", se los prohibía hablar su lengua y practicar su propia cultura y espiritualidad mediante amenazas de castigos físicos. En total, 139 instituciones de carácter asimilativo fueron construidas en todo el territorio canadiense. Hasta 1996, cuando se cerró el último internado, se cree que más de 150.000 jóvenes autóctonos de las Primeras Naciones, Inuit y mestizos fueron estudiantes en esas escuelas residenciales, instauradas para erradicar su cultura.  

La llegada a los internados era muy traumática para los jóvenes. El viaje de sus comunidades hasta esos centros muchas veces era muy largo. Nada más llegar a su destino, se les quitaba sus ropas tradicionales, se les cortaba el pelo, sus nombres eran cambiados por nombres cristianos o incluso, a veces, se les ponían números en vez de nombres. Como resultado, los niños eran completamente despojados de su identidad cultural. A lo largo de su estadía como estudiantes residentes, muchos de ellos también sufrieron graves abusos psicológicos, físicos y sexuales por parte de los profesores y los encargados de los internados.

Asimismo, las condiciones de vida en los internados eran muy difíciles. Una financiación insuficiente por parte del gobierno provocó como resultado problemas de hacinamiento, falta de saneamiento, calefacción inadecuada para el clima y falta de atención medica que llevaron a altas tasas de gripe y epidemias constantes de tuberculosis. Entre 1941 y 1945, la tasa de mortalidad de los estudiantes autóctonos fue casi cinco veces mayor que la tasa de mortalidad general entre los estudiantes canadienses. En los años 60 y hasta el cierre del último internado, todavía era dos veces más alta. En total, 3.200 jóvenes autóctonos murieron en estas escuelas y fueron enterrados en fosas comunes o en tumbas sin nombre. En la mayoría de los casos, no se notificaron sus muertes a sus familiares.

A partir de 1980, algunos estudiantes iniciaron procedimientos legales con el fin de impulsar al gobierno canadiense y las iglesias a reconocer los abusos que sufrieron los autóctonos en los internados y compensar a las víctimas, pero sin éxito. Finalmente, en 2007 se pusieron en marcha negociaciones entre los diferentes grupos implicados, y el gobierno de Canadá se comprometió a implementar el Convenio Relativo a los Internados Indios (CRRPI, por sus iniciales en francés). Este convenio también preveía la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, por sus iniciales en francés).

La CVR tenía objetivos claros para establecer la verdad y contribuir a la reconciliación:

1. Reconocer las experiencias, los efectos y las consecuencias de las escuelas residenciales;

2. Crear un enfoque holístico, culturalmente adecuado y seguro para los antiguos alumnos y sus familias y comunidades cuando aparecen ante la Comisión;

3. Asistir a eventos de verdad y reconciliación a nivel nacional como comunitario, y apoyar, promover y facilitar este tipo de eventos;

4. Crear conciencia y educar a los canadienses sobre el sistema de internados y sus impactos;

5. Identificar las fuentes y crear un registro histórico lo más completo posible sobre el sistema de internados y sus secuelas. Este registro se conservará y estará puesto a disposición del público para su consulta y su uso futuro;

6. Elaborar y someter a las partes un informe con las recomendaciones para el Gobierno de Canadá sobre el sistema y la experiencia escolar residencial y incluyendo los siguientes aspectos: historia, el propósito, operación y supervisión del sistema de escuelas, efectos y consecuencias de las escuelas residenciales (incluyendo los efectos sistémicos, las consecuencias intergeneracionales y efectos sobre la dignidad humana) y los efectos permanentes de las escuelas residenciales;

7. Apoyar la conmemoración de los antiguos alumnos y sus familias (*).

Tras siete años de labor recorriendo el territorio canadiense para escuchar los testimonios de los sobrevivientes, la CVR finalmente entregó su Informe Final en 2015, en el cual se encuentran 94 recomendaciones para reconstruir la relación entre los pueblos autóctonos y el resto de la sociedad canadiense y avanzar el proceso de reconciliación.

En 2008, más de veinte años después de que cerrara el último internado, el ex- primer ministro Stephen Harper pidió disculpas oficiales por la asimilación forzada, pero no quiso reconocer que fuera un "genocidio cultural". Recién en 2015, el actual primer ministro, Justin Trudeau, reconoció la responsabilidad del Gobierno de Canadá y los errores cometidos respecto a los internados autóctonos. Hoy en día, a pesar del camino recorrido desde el cierre del último internado, pocas medidas concretas se han implantado para llegar a la reconciliación deseada. La presentación del informe final de la CVR y las excusas por parte del gobierno no han permitido mejorar la situación actual de forma concreta. Las secuelas de los años pasados en las escuelas residenciales aún son muy visibles en las comunidades y las familias autóctonas.

Las secuelas físicas y emocionales afectan a todos los miembros de las comunidades de forma directa o indirecta. Sin embargo, según Amnistía Internacional, el racismo, el colonialismo, la violencia institucional y los internados provocaron como consecuencia la vulnerabilidad de los pueblos autóctonos, particularmente de las mujeres.

La violencia hacia las mujeres es una demostración irrebatible del malvivir presente en las comunidades. Entre 1980 y 2012, más de 1.200 mujeres autóctonas desparecieron y/o fueron asesinadas en Canadá. Recién en septiembre de 2016, se inició una investigación nacional para identificar las causas de las tasas desproporcionadas de violencia contra las mujeres y niñas autóctonas. Utilizar el enfoque de género como herramienta para entender la situación de las mujeres autóctonas constituye un progreso hacia la reconciliación nacional, pero adoptar la interseccionalidad como marco conceptual reconocería la situación de doble discriminación que viven las mujeres autóctonas: por ser mujer, e igualmente por ser autóctona.

La CVR y las investigaciones posteriores permitieron estudiar la situación actual con más detalles y así poder establecer recomendaciones y planes de acción concretos. No obstante, todavía falta una real voluntad política para implementar esas recomendaciones. Sin un compromiso extenso por parte del gobierno, no se podrá reducir de forma duradera los problemas existentes en las comunidades autóctonas de Canadá.

(*) Commission de Vérité et Réconciliation du Canada. "Notre mandat" http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=19