"¡No hables!”, advirtió Marco Luza Segundo tras violar a su víctima, una voluntaria empadronadora que apoyaba en el desarrollo del Censo Nacional de Población en el distrito limeño de Villa El Salvador, el domingo 22 de octubre. Como si fuera poco, un funcionario del INEI ofreció mil soles a la víctima para que “no hablara” sobre la violación sexual que acababa de sufrir. “No hables”, “no denuncies”, “no digas nada”, “es tu culpa”, “tú lo provocaste”, “tú te expones”, “por qué te vistes de esa manera”, “son accidentes que pasan”… estas y otras frases se increpan a la víctima pero ¿por qué no se increpa al perpetuador del crimen?

Entre enero y septiembre de 2017, en Lima Metropolitana, se reportaron 16,709 (b) mujeres que denunciaron hechos de violencia, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP. El año pasado, en una red social miles de mujeres peruanas relataron públicamente sus casos de agresión sexual, la mayoría de ellas no denunció. Para judicializar los casos de violencia sexual son necesarias muchas pruebas, la más importante: el cuerpo de la víctima, es por ello que las denuncias no se efectivizan más aún si el agresor es un familiar.

¿Perú país de violadores? La violencia sexual contra la mujer peruana es un problema no resuelto por la sociedad ni por el Estado. Una de las etapas más crueles para las mujeres peruanas fue durante el periodo del conflicto interno (1980-2000), ya que la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó 7,426 casos de mujeres víctimas de desaparición forzada, detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales; asimismo, se reportaron 527 (c) casos de mujeres víctimas de violencia sexual, siendo los agresores agentes del Estado y las Fuerzas contrasubversivas. La mayoría de víctimas fueron mujeres indígenas que vivían en comunidades andinas (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac), zonas rurales y pobres. Cabe mencionar que la violencia contra la mujer durante el conflicto fue una práctica sistemática, una forma de tortura o amedrentamiento, ejemplo de ello existen casos como el de Georgina Gamboa, violada por efectivos policiales de Vilcashuamán, Ayacucho en 1981; el caso de Llusita, Fajardo-Ayacucho, la violación contra ocho mujeres en 1983; el caso de María Elena Loayza Tamayo, Lima, en 1992; el caso Manta y Vilca, en Huancavelica, donde mujeres y adolescentes fueron violadas por miembros de las Fuerzas Armadas, en 1984 y 1985; y el caso de Isabel Rodríguez Chipana, víctima de violación sexual, en Huanta-Ayacucho, en 1988. “Ama rimaychu” era la advertencia generalizada a las mujeres andinas de terroristas y agentes estatales por igual. En el contexto del conflicto interno, donde la vida no valía nada, ninguna mujer se atrevía a decir nada, todas callaban por temor. En el cuadro podemos apreciar que más del 90% de víctimas de violación sexual durante el conflicto interno fueron mujeres (d).

Durante décadas las mujeres hemos sido agredidas, torturadas, desaparecidas, acosadas, humilladas y desvaloradas; nuestros derechos no eran reconocidos, ¡en 1955 recién obtuvimos el derecho a voto! La historia nos demuestra que las mujeres hemos sido víctimas y seguimos siendo víctima de agresiones físicas y psicológicas; que nuestra sociedad no ha evolucionado a pesar del crecimiento económico de la última década; y que terminó el conflicto armado interno pero las agresiones contra la mujer peruana no cesaron. ¿Por qué? La respuesta son dos palabras: poder e impunidad. Todo tipo de agresión física o psicológica, es dada por el agresor en un acto de ejercer su poder contra su víctima, sentimiento de superioridad. La impunidad, el agresor tiene la certeza que no va a ser denunciado por su víctima, la misma que está amenazada, humillada, y se siente sola. Ese mismo sentimiento y actuar que tenían los agentes estatales y los terroristas, ese sentimiento que tienen los agresores en la actualidad. A todo ello le sumamos la falta de confianza en el sistema judicial que tenemos todos los ciudadanos, el resultado es la no denuncia. La víctima no conversa sobre el tema, no sana…el maltrato sufrido está siempre presente en su vida.

Actualmente seguimos arrastrando no sólo los problemas de violencia hacia la mujer sino la ausencia de políticas públicas de prevención, protección y rehabilitación en casos de violación de nuestros derechos como mujeres; del mismo modo, no existe una base de dato nacional intersectorial cuya finalidad sea dar a conocer la magnitud de la problemática; y la falta de leyes para combatir la impunidad del crimen. La violencia hacia la mujer es un problema de interés público a nivel nacional, como mujer exijo al Estado que se implemente una educación basada en el respeto e igualdad de oportunidades. La educación es la mejor forma de combatir el alto índice de agresiones que tenemos. Hay que enseñar a los niños que más tarde se convertirán en ciudadanos, que el respeto mutuo entre hombres y mujeres es imprescindible. Nunca más se debe enseñar a las mujeres a vivir con miedo por el simple hecho de ser mujeres.

(a) Boletín Estadístico del Ministerio Público, agosto 2017, pág. 59 http://www.mpfn.gob.pe/Docs/0/files/boletin_estadistico_agosto2017.pdf

(b) Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=36

(c) Disponible en: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/SEGUNDA%20PARTE/Impacto%20diferenciado%20de%20la%20violencia/2.1%20DISCRIMINACION%20DE%20GENERO.pdf pág. 66

(d) Disponible en: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.5.VIOLENCIA%20SEXUAL%20CONTRA%20LA%20MUJER.pdf pág. 273