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Cuando la corrupción se disfraza de tragedia

Publicado: 2019-05-06


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Miguel Atala salió a la luz, y con él el segundo suicidio de quien para algunos había fallecido como héroe y mártir. Difícil aseverar ello hoy en día. Pues, aunque Alan García falleció, aunque falleció el segundo líder histórico del APRA, fue él quien tomó el rol de juez y verdugo en sus manos, autoproclamándose inocente y ejecutando, así, su sentencia. Fue él quien tocó la puerta a la muerte buscando refugio en Temis, la diosa de la justicia. Y, aun así, hay quienes se paran a su lado argumentando que su decisión fue producto de una persecución política y judicial, de un mal uso de las medidas coercitivas permitidas por el Código Procesal Penal peruano, de un ataque sistemático liderado por el Ejecutivo y ejecutado por el Ministerio Público. Quienes están al otro lado de la calle miran con temor esas posturas, esos argumentos, aquellas defensas.

La prisión preventiva tal y como la demuestra el Código Procesal Penal, está vigente desde hace aproximadamente, 15 años. Recordemos que este código entró en vigencia en el 2004. ¿Extraño que recién, después de 15 años, se diga que esta norma es abusiva? ¿No será más bien que la motivación de estas frases son el miedo y no la búsqueda por la justicia? Recordemos también que estas medidas han sido tomadas dentro del debido proceso, con sujeción a la Constitución Política y a la ley procesal, por lo que pueden ser apeladas en una segunda instancia. Hay, y existe, un debido control jurisdiccional que vela por la correcta aplicación de estas medidas según el caso concreto.

Y, sin embargo, el suicidio premeditado del ex presidente Alan García ha causado no solo un ataque hacia la función jurisdiccional, sino también hacia uno de los más preciados derechos que tenemos, la libertad de expresión. Fue Voltaire quien dijo: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”. Es de notorio conocimiento que algunos ciudadanos han estado en desacuerdo con la labor periodística de IDL – REPORTEROS, específicamente del señor Gustavo Gorriti, pero ese desacuerdo debe de ser peleado con argumentos, con evidencia, con todo aquello que sea contrario a la amenaza. Pero no ha sido así, no ha sido defendido con y por la vida. Ha sido, por el contrario, amenazado de muerte.

Por otro lado, el Legislativo ha señalado, tomando una inoportuna acción, que buscará modificar la prisión preventiva. Es decir que, no se está buscando solidificar la libertad de expresión y de prensa, específicamente del periodismo de investigación, ni mucho menos fortalecer la lucha contra la corrupción, una que viene azotando a nuestro país desde su inicio como república y que, parece, será nuestra constante en la celebración del bicentenario. Lo que se está haciendo es perseguir políticamente a quienes han decidido hacer frente a la corrupción valiéndose de la ley y la justicia.

Por ello, hoy por hoy podemos ser testigos de cómo Pedro Salinas ha sido condenado por difamación a consecuencia de una investigación periodística que permitió sacar a la luz años de delitos y abusos sistemáticos contra jóvenes y menores de edad por parte del Sodalicio. Y, aunque el Arzobispo Metropolitano de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, ha desistido de la querella, el daño ya está hecho, la piedra ya se tiró y la decisión judicial ha emitido un precedente nocivo que podría dictar lo siguiente: "Si investigas, si denuncias, serás culpable". El desistimiento de Eguren no quita el daño jurisprudencial emitido, atando de manos y pies a la libertad de expresión e información, socavando a los presupuestos de la democracia.

Y, de ese mismo modo hemos sido testigos de cómo una jueza ha dictado una medida coercitiva de embargo contra el portal periodístico Ojo Público y el periodista de La República, Edmundo Cruz Vílchez. Todo a consecuencia de una querella interpuesta como resultado de la difusión de una serie de investigaciones periodísticas publicadas por los citados sujetos en el año 2016, sobre un presunto narcotraficante.

Por ello, hoy por hoy podemos ser testigos de que la democracia no es eterna y la tiranía no es sospecha.


Escrito por

COMISEDH

COMISEDH es una asociación civil sin fines de lucro, con más de 40 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos en el Perú.


Publicado en

COMISEDH, Comisión de Derechos Humanos

Espacio de opinión (no necesariamente institucional) de los integrantes, colaboradores y amigos de COMISEDH.