Si bien sabemos que la corrupción es un problema muy antiguo y que arrastramos desde la colonia, en el Perú como en otros países latinoamericanos éste ha tomado un giro dramático a consecuencia de la Operación Lava Jato. Esta es, hasta el momento, la mayor investigación contra la corrupción en nuestro continente. En el año 2016 la empresa constructora Odebrecht aceptó haber realizado el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países del continente americano, entre ellos Perú. Dentro de esta investigación hay otras cinco empresas brasileñas del mismo rubro involucradas, entre ellas OAS.

En nuestro país, el Ministerio Público peruano ha abierto investigaciones contra,  cuatro expresidentes peruanos (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski), una ex alcaldesa de Lima (Susana Villarán), una ex candidata presidencial, primera dama, congresista y política peruana (Keiko Fujimori), y a otra ex primera dama (Nadine Heredia). Ello ha enrarecido el panorama socio-político del país, en donde, por un lado, hay quienes defienden a los mencionados sujetos investigados, algunos ya imputados, y, por otro, quienes buscan que no se detengan las investigaciones. Esta polarización se ha incrementado a razón de los pedidos de prisión preventiva y otras medidas coercitivas penales, y el suicidio del ex presidente Alan García Pérez.

Hoy, partiendo del análisis de los principios y deberes que tienen los funcionarios públicos según la Ley Nº 27815, Ley del Código de ética de la Función Pública, podemos entrever que la norma ha quedado como letra muerta, y, lamentablemente, hay vastos indicios de que la frase de Bertrand Russel (La humanidad tiene una moral doble: una que predica y no practica, y otra que practica y no predica) vive en el accionar de muchos de nuestros ex representantes políticos y funcionarios públicos investigados. Todas las indagaciones que se están dando en el marco del caso Lava Jato demuestran que lo que se plantea en la Ley 27815 como finalidad del Servicio a la Nación, siendo este una mejora en la atención a la ciudadanía a través de la priorización y optimización del uso de los recursos públicos, no se ha cumplido.

COMISEDH no puede ser indiferente frente a la realidad política. Desde su nacimiento, en 1979, se ha caracterizado por luchar contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos del conflicto armado interno y en la actualidad, frente a la tortura, por buscar justicia a través de mecanismos estatales y supra estatales, y hacer de ésta una realidad palpable, a través de sentencias judiciales que permitan la reivindicación de los derechos de la ciudadanía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la corrupción “…es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”. Por ello, no podemos dejar manifestarnos frente a este grave problema como una forma de violación a los derechos humanos.

En ese sentido, la actuación de Susana Villarán durante su gestión como alcaldesa de Lima, pretendiendo justificar sus decisiones detrás de una supuesta necesidad mayor, fundamentada en el “bienestar de la ciudad”, decepciona a quienes creyeron en ella.

Como organización y como ciudadanos de pleno derecho, exhortamos y exigimos al Estado tomar acción inmediata e impulsar cambios significativos frente a las formas de ejercicio del poder político y público, alejadas de la ética y de su finalidad. No podemos dejar que el Estado y sus leyes se ejerzan en desmedro del Estado Constitucional de Derecho y la democracia, por la que tanto hemos luchado.