Los habitantes de Putka, comunidad campesina del distrito de Santillana, en las alturas de Huanta, Ayacucho, recuerdan aún la triste y trágica navidad del año 1984. En la madrugada del 25 de diciembre, miembros de la infantería de la Marina de Guerra acantonada en el Estadio de Huanta, junto con “ronderos” de los Comités de Autodefensa de Ccanis, Ccacas y Pampacancha, ingresaron a los caseríos de Ñuñunga y Choccepunku, pertenecientes a Putka. Todos estaban encapuchados y el operativo era para buscar simpatizantes de Sendero Luminoso. Detuvieron a más de 40 personas, entre niños, mujeres -algunas de ellas embarazadas- y ancianos, los que fueron conducidos, supuestamente, a Huanta para ser interrogados.

En el camino, uno de los prisioneros se arrojó a un barranco, temiendo que se trataba de un engaño, y consiguió escapar. Días después, una joven y una niña que habían sido llevadas con el grupo llegaron a San José de Secce, en el distrito de Santillana. Allí narraron que los “ronderos” y los infantes de Marina habían torturado a los 41 prisioneros y violado a las mujeres, para luego asesinarlos a cuchilladas en la entrada de una mina abandonada. El crimen fue cometido con armas blancas, para simular que Sendero Luminoso era el responsable. La joven y la niña sobrevivieron y consiguieron huir junto con otra joven, que murió en el camino.
Los comuneros, con ayuda de los familiares de las víctimas, enterraron los cuerpos en el mismo lugar, cuidando de no ser vistos para evitar represalias. Los temores eran fundados, debido a que pocos días antes había ocurrido otra matanza, esta vez con 123 víctimas, en la cercana comunidad de Putis: el clima de terror era tal, que la matanza de Putka no fue denunciada en su momento, ni siquiera ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Casi 25 años después, en noviembre de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), recibió el testimonio de los sobrevivientes –el hombre y la joven; la niña quedó completamente traumatizada- y realizó la primera denuncia formal.
La investigación y los procedimientos forenses, a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, han tenido un desarrollo sumamente lento. En febrero del 2010 se localizaron los sitios de entierro y en agosto del mismo año, el Instituto de Medicina Legal (IML) exhumó 38 cuerpos; 3 cuerpos no pudieron ser ubicados. A través del uso de técnicas antropológico forenses, pudo establecerse la identidad de 7 de ellos, quedando pendientes 31.
A pesar que desde el año 2016 está vigente la Ley 30470 de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que hace énfasis en la restitución humanitaria de los cuerpos de las personas ejecutadas extrajudicialmente durante el conflicto armado interno, la restitución de los cuerpos de las víctimas de Putka se ha prolongado innecesariamente en el tiempo. a pesar de sucesivos pedidos de Paz y Esperanza, organización que asumió la defensa legal de los familiares de las víctimas, debieron pasar casi 9 años hasta que se identificara a las 31 personas restantes en julio del presente año.
Incluso, desde un punto de vista estrictamente humanitario, las demoras del IML -atribuidas oficialmente a falta de presupuesto- han sido sucesivas e injustificables. El armado y entrega de los 38 cuerpos -pues los 7 restos identificados en el 2010 no se devolvieron en su momento- fueron programados inicialmente para el 10-12 de julio de este año, luego pospuesta a instancias de la DIRCOTE, para “prevenir cualquier accionar terrorista”, y reprogramados para el 25-27 de setiembre.
Las sucesivas demoras han desmoralizado a los familiares de las víctimas, inhibiéndolos de participar en las diligencias. Además, si bien los días 25 y 26 se logró articular un trabajo coordinado de acompañamiento entre la Fiscalía, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, la Dirección General de Salud de Ayacucho (DIRESA), el Centro de Apoyo Psicosocial (CAPS) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), el día 27 la fiscal del caso Jhousy Aburto desconoció el acuerdo realizado para el programa de entrega de restos, lo cual inquietó a los familiares, que ya se hallaban incómodos por el hallazgo de una libreta electoral -en el bolsillo de una de las prendas halladas con los cuerpos- durante el armado de los restos, lo cual deja serias dudas acerca del trabajo meticuloso de laboratorio que se espera del Instituto de Medicina Legal.
A este desdén por parte del Ministerio Público, hay que añadir que el Estado no ha mostrado voluntad de ayudar a la identificación de los marinos responsables de la masacre de Putka. Desde que la CNDDHH realizó la primera denuncia, el Ministerio de Defensa ha negado tener información sobre los militares que actuaron en la región en el momento de los hechos. Sin esta mínima información, nunca se podrá hacer justicia en este caso.
Es necesario tomar en cuenta que para que el proceso iniciado con la Ley 30470 sea exitoso, los actores comprometidos con el mismo (Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Instituto de Medicina Legal, Ministerio Público, sociedad civil, organizaciones de familiares), debe haber una coordinación efectiva ente los diversos entes encargados de realizar la búsqueda, exhumación, identificación y devolución de cuerpos de personas desaparecidas. Un trabajo forense de calidad, sin omisiones técnicas ni demoras injustificables y un enfoque centrado en las víctimas y sus familiares, que, como en el caso de Putka, han esperado respuestas por décadas, y no en el lucimiento personal o institucional de las autoridades o funcionarios públicos, es de esperarse.