Yo me quedo en casa

LIMA DESIERTA (FOTO REFERENCIAL)

Después del coronavirus, no habrá retorno a la "normalidad"

Publicado: 2020-03-26

Hasta el momento, la respuesta del Poder Ejecutivo a la pandemia del COVID-19 ha sido bastante efectiva para contener la expansión de la enfermedad y para evitar que nuestro débil sistema de salud pública (MINSA y EsSalud) se vea completamente rebasado por la llegada de centenares o miles de nuevos casos diarios. 

Hoy 26 de marzo, el presidente Vizcarra ha prorrogado por 13 días el estado de emergencia y aislamiento social, anunciando también una serie de medidas, que pasamos a resumir: 

• Continuidad de la inmovilización (toque de queda) de 8 p.m. a 5 a.m.

• Registro de las personas detenidas por violar la cuarentena y/o el toque de queda, para que el Ministerio Público evalúe si las denuncia penalmente.

• Llamado a filas a la reserva de licenciados del Ejército (clases 2018, 2019 y 2020).

• Transferencia de 200 millones de soles a los municipios del país para distribuir artículos de primera necesidad a los más pobres.

• Ampliación del bono de 380 soles para 800 mil familias independientes de bajos ingresos.

• Autorización de retiro de la compensación por tiempo de servicios (CTS) hasta un monto de 2400 soles.

• Suspensión por un mes del aporte a las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

• Subsidio del 35% del salario de los trabajadores en planilla que ganen menos de 1500 soles al mes.

• Solicitud de facultades legislativas al Congreso para emitir normas en diversas materias a fin de combatir la epidemia de COVID-19.

Todas estas medidas son adecuadas y oportunas. Sin embargo, la respuesta a la crisis creada por la expansión del coronavirus ha mostrado también carencias y vacíos significativos, que es necesario señalar:

Cuando el Estado habla de “la economía” en realidad habla de las empresas

Por suerte, no hemos llegado aún a niveles Trump o Bolsonaro, a poner el interés de las empresas por delante de la salud pública, pero es evidente que, con la aquiescencia del Estado, algunas empresas poseen patente de corso para interpretar a su conveniencia el estado de emergencia. Las empresas mineras han sido consideradas como industrias esenciales y siguen operando; las cerveceras también. Las AFP han socializado sus pérdidas, afectando las pensiones de miles de trabajadores, y el gobierno se limita a decir que así son las cosas, que los trabajadores afectados son (relativamente) jóvenes y eventualmente recuperarán lo perdido. Los bancos han sido autorizados a posponer los cobros de préstamos, pero la gran mayoría realiza refinanciamientos de deudas, lo que implica el cobro de intereses adicionales. En general, se pone un énfasis excesivo en la salud económica de las empresas, y no en la salud económica de la gente, que es la que, en última instancia, crea la riqueza.

La planificación estatal es pobre y se basa en supuestos irreales

Años de desmontaje de los mecanismos de planificación han hecho que tareas aparentemente simples, como la entrega del bono de 380 soles, hayan desbordado la capacidad del Estado. Como ha comentado Farid Matuk, ex jefe del INEI, los errores e inconsistencias en el padrón de beneficiarios podrían haberse evitado si el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) hubiera cruzado información con el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Ministerio de Educación; las familias de menos recursos usan de manera exclusiva los servicios de salud y educación estatales, y ello hubiera permitido cribar de manera simple los beneficiarios.

Otro error grave ha sido confiar excesivamente en los mecanismos digitales. La consulta del padrón de beneficiarios del bono extraordinario exige acceso a Internet y a una computadora o teléfono digital, pero esos requerimientos son excesivos en zonas rurales o urbano marginales. En este punto no podemos menos que preguntarnos cual ha sido el destino de los recursos que gobiernos anteriores destinaron en los últimos años a la ampliación del acceso a Internet (plan Huascarán, FITEL y demás).

La lógica de “guerra total” y “mano dura” es un peligro para los derechos humanos

Se comprende que, en una situación de emergencia como la actual, ciertas decisiones deben verticalizarse para no depender de los azares de la discusión política. Y así lo ha demostrado un sector del nuevo Congreso, al plantear un absurdo proyecto para imponer un “día nacional de la oración” en vez de plantear medidas más urgentes e importantes ante la expansión del coronavirus. También hay que reconocer que miles de peruanos (cerca de 20 mil, según cifras oficiales) han violado de manera absurda o frívola la cuarentena y el toque de queda, lo cual es absolutamente injustificable y debe ser sancionado.

Sin embargo, esto no implica que nos encontremos en un estado de sitio, ni bajo ley marcial. La Policía, las Fuerzas Armadas, las rondas campesinas, no son jueces ni ejecutores, y no pueden ni deben emplear más fuerza que la absolutamente necesaria para reducir a quien haga resistencia a las órdenes de la autoridad, así como no están autorizados a imponer castigos a su discreción o capricho. Si algo hemos aprendido de veinte años de conflicto, y de los miles de muertos y desaparecidos, es: aunque estemos en guerra, la población nunca es el enemigo. Así como no es el terror (sino la persuasión) lo que hace que la gran mayoría de la población se quede en casa, tampoco será el terror (sino una sanción justa, oportuna y proporcional) lo que frenará a los irresponsables.

La ciencia debe ser debatida por científicos, no por el público; lo que necesita la opinión pública es transparencia

Causaron revuelo unas declaraciones del ministro de Salud, Dr. Víctor Zamora, respecto a que tarde o temprano la totalidad de la población iba a contagiarse del coronavirus; posteriormente intentó rectificarse, afirmando que no dijo lo que dijo, o que había sido malinterpretado. Luego hubo otra polémica sobre la eficacia de las pruebas rápidas para el COVID-19, sobre si esta prueba arrojaría falsos positivos o falsos negativos, y si se debían adquirir o no y en qué cantidades.

En realidad, estos temas no deben ser debatidos por una opinión pública mal informada, sino por los expertos: epidemiólogos, infectólogos, especialistas en salud pública. El público general, de manera comprensible, puede llegar a pensar que es absolutamente necesario que más de 30 millones de peruanos pasen por un test molecular del coronavirus. Pero ello no es posible, no sólo por un tema de costos, sino sobre todo por el tiempo. En el tiempo que se procesan cientos de pruebas moleculares pueden procesarse decenas de miles de pruebas rápidas a manera de criba, y luego decenas de pruebas moleculares de confirmación. Similar cosa se hace con el VIH/SIDA: primero se toma la prueba de ELISA y luego se confirma con el Western Blot. El ELISA, como prueba de criba, tiene un margen de error (falsos positivos y falsos negativos), pero no por ello vemos a comunicadores u opinólogos diciendo que debería aplicarse el Western Blot a toda la población.

Lo que si puede y debe discutirse por la opinión pública es, por ejemplo, si las pruebas que se están adquiriendo cumplen con los estándares internacionalmente aceptados. El día de hoy se reveló que el gobierno español, desoyendo las recomendaciones del gobierno chino, adquirió a una empresa no certificada kits de pruebas rápidas y que estos kits no arrojan resultados precisos, por lo cual España ha devuelto 9 mil pruebas rápidas, con el consiguiente sacrificio de tiempo y recursos. Hasta el momento, el gobierno peruano no ha revelado a qué empresas ha adquirido los kits de pruebas rápidas, lo cual genera una molestia que habría podido evitarse con algo de transparencia.

A manera de cierre

Se habla mucho del “retorno a la normalidad”. Pero en muchos aspectos el retorno al estado anterior de cosas no es posible ni deseable, porque fue el estado “normal” de las cosas lo que hizo posible y necesario que ahora estemos en cuarentena. Con un estado ineficiente y sin mecanismos de planificación, con una salud pública debilitada y al borde del colapso, con mecanismos previsionales orientados al lucro antes que al bien común, con una economía centrada en las empresas y no en las personas, con una sociedad presta al pánico y a la verticalidad, con unos políticos que miran al cielo o al suelo antes que al frente, con empresas desatadas en su voracidad y codicia, no será posible enfrentar lo que queda de la pandemia del coronavirus, ni mucho menos las nuevas epidemias que, a decir de los más entendidos, nos aguardan en el futuro.


Escrito por

COMISEDH

COMISEDH es una asociación civil sin fines de lucro, con más de 35 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos en el Perú.


Publicado en

COMISEDH, Comisión de Derechos Humanos

Espacio de opinión (no necesariamente institucional) de los integrantes, colaboradores y amigos de COMISEDH.