Ha pasado más de un mes desde que el gobierno de Martín Vizcarra declarase estado de emergencia y cuarentena en todo el territorio peruano por la pandemia del COVID-19. Por tanto, cabe hacer una evaluación de este primer mes, de los efectos visibles y de los previsibles. 

Para ser justos, empecemos por descargar algunas responsabilidades al gobierno. El pésimo estado de la salud pública no empezó con Vizcarra; pasa por una estructura laberíntica en la que hay 3 sistemas paralelos (Ministerio de Salud, EsSalud y EPS), en la que ninguno de ellos posee los recursos humanos ni materiales para hacer frente a una epidemia de la magnitud del COVID-19, ni por separado ni sumados.

Para colmo de males, el proceso de descentralización no ha tenido como consecuencia una mejora en la gestión de la salud pública fuera de Lima. Año tras año las burocracias regionales y las tramas de corrupción dejan resultados escandalosos: hospitales inaugurados sin equipamiento ni personal, otros eternamente a medio construir, algunos en estado calamitoso por ser “monumentos” arquitectónicos y no poderse tocar sin permiso del Ministerio de Cultura. Año tras año tenemos la recurrente pesadilla de los “gastos no ejecutados”, como si la salud estuviera muy bien y no tuviéramos endemias de tuberculosis, neumonía, parasitosis o dengue.

Por último, pero no menos importante: no existían precedentes para la epidemia del COVID-19, nada que no pasara por declarar emergencia y cuarentena.

Salvadas estas responsabilidades estructurales, ¿el gobierno tenía margen de maniobra? Sí y no. Veamos.

No se trata sólo de la cuarentena

Resulta fácil suponer que una cuarentena impuesta manu militari por 30 días, con inmovilidad absoluta, hubiera permitido aplastar al coronavirus. Cerradas las fronteras y limitados severamente los traslados internos, el virus se habría contenido en bolsones aislados de población hasta desaparecer.

El problema es que una cuarentena total exige una disposición de recursos (alimentos, logística, material de diagnóstico, equipo de bioseguridad) que el Estado peruano no tiene y no tendrá en el futuro inmediato. La comparación con China resulta imposible, no por alguna ventaja comparativa inherente a la tradición confuciana, sino por meras carencias materiales, reforzadas por el modelo económico.

Durante años, a cambio de materias primas, recibimos bienes manufacturados. Se nos dijo que ese era nuestro único rol posible y nuestra ventaja comparativa. Pero a la hora de la epidemia, nos encontramos con que el equipo de bioseguridad se tiene que importar a precio de mercado, mientras que el precio de “nuestras” materias primas se desploma, porque al estar en manos foráneas ni siquiera tenemos la opción de parar la producción para intentar subir el precio.

Y esta fue la primera muestra de debilidad del gobierno de Vizcarra: hacer una concesión unilateral y sin contrapartida visible a la gran minería, declarándola “actividad esencial” que no debía parar durante la cuarentena. Fue un golpe durísimo a la confianza pública, porque a nadie se le escapó que, a pesar de los llamados a la unidad nacional en lenguaje militar, frente a la epidemia no todos eran iguales, pues no todos tenían que apretarse los cinturones. Como en el poema de Brecht,

En los corazones debe haber el mismo valor.
Pero en los platos hay dos clases de rancho.

Redescubriendo a los pobres

Eso ocurrió en los primeros días de la cuarentena, mientras el coronavirus pasaba de algunas decenas de casos a varios cientos. La prensa se dedicó a los temas de interés humano gratos a la clase media: peruanos varados en aeropuertos de todo el mundo, turistas que no podían regresar a sus respectivos lugares, los estragos del virus en otros países. Todo en un tono autocomplaciente, por lo afortunados que éramos porque, al haber actuado a tiempo, nos habíamos evitado los horrores de España, Italia y Ecuador.

Pero si nos iba tan bien, ¿por qué la persecución mediática al vendedor ambulante, al trabajador informal o incluso al mendigo que violaba la cuarentena o el toque de queda, en los conos de Lima o en provincias? En un principio fue fácil hablar de irresponsabilidad, falta de civismo o de ignorancia, pero pronto se hizo evidente, hasta para los ciegos voluntarios, de que muchos peruanos no podían respetar la cuarentena por falta de medios de vida.

La entrega de los bonos de 360 soles (luego ampliados a 720) fue escandalosa, no tanto por los desaciertos de su entrega o las tremendas limitaciones del padrón de beneficiarios, sino por el hecho incontestable de que el Estado peruano no sabía quién era pobre y quién no, ni siquiera a nivel urbano, y menos en el mundo rural; las familias campesinas no fueron incluidas en el bono hasta hace pocos días. Esta falta de información es inconcebible en un país con tantos programas sociales, los cuales en teoría son complementarios; lo que es evidente ahora es que siempre han actuado de manera descoordinada.

Benditos sobrecostos

Durante años, buena parte del empresariado peruano ha pugnado y pugna por eliminar los escasos restos de los derechos laborales, conquistados arduamente durante la mayor parte del siglo XX y desmontados por la Constitución y las leyes del fujimorismo. Se nos dijo que eran “sobrecostos laborales”, que encarecían la generación de empleos; que los capitalistas peruanos, tan buenos ellos, se mueren por crear trabajos formales, pero los descansos médicos, las vacaciones pagadas, las gratificaciones y la seguridad social lo impiden.

No extraña que durante tanto tiempo se nos haya presentado como modelo de “emprendimiento” empresarial al emporio textil del jirón Gamarra, en La Victoria, donde miles de peruanos y de migrantes hacen jornadas de 12 o 14 horas al día por menos de un sueldo mínimo (930 soles, cerca de US$ 270), muchas veces sin contratos ni recibos de por medio.

Pues bien, son estos “sobrecostos” los que a esta altura de la epidemia marcan otra brecha entre los pobres y los no pobres. Aquel que ha estado en planilla tiene ahora la posibilidad de retirar hasta 2 mil soles de su fondo de jubilación; quien nunca ha podido exigir u obligar a su empleador a formalizarlo no recibe, en el mejor de los casos, más que los 720 soles que se asignan a los pobres extremos.

(La reforma integral del sistema previsional se limita por ahora a que Vizcarra tenga retenida, sin promulgarla ni observarla, una ley del Congreso que permitiría a todos los trabajadores disponer hasta del 25% de su fondo).

Además, luego de asegurar por semanas que la cuarentena no generaría despidos ni ceses colectivos, el gobierno terminó cediendo ante los empresarios y aprobando la “suspensión perfecta de labores”, tecnicismo mediante el cual los empleadores dejarán de pagar a los cada vez menos numerosos trabajadores formales, sin los inconvenientes legales ni económicos de tener que despedirlos.

Signos de desgaste

Todo lo anterior podría ser más o menos tolerable si la cuarentena y el estado de emergencia hubieran al menos cumplido con su objetivo: contener la epidemia del COVID-19 dentro de los límites de cobertura del sistema de salud. Pero todo indica que no es así. A más de un mes de iniciada la cuarentena, las cifras oficiales siguen mostrando un crecimiento sostenido de los contagios y las muertes, y por poca confianza que estos guarismos nos inspiren, es imposible que estén exagerando el impacto de la epidemia.

Las sospechas de la opinión pública van más bien en sentido contrario, e indican que se busca justificar una salida prematura de la cuarentena, a fines de abril o mediados de mayo, sin importar el costo humano de tal decisión. Y esa sensación parece justificada por el tono monocorde del gobierno y sus voceros, con su optimismo de autoayuda, su desesperada búsqueda de culpables (los que violan la cuarentena, las empresas proveedoras que estafan al Estado) y su negativa a hacer pronósticos sobre lo que podemos esperar de continuar la presente situación.

Sin embargo, por mal informados que se encuentren los peruanos, ellos saben bien que las unidades de cuidados intensivos están repletas, que muchos hospitales están colapsados, que las bajas en el personal de salud son numerosas, con el resultado de que los especialistas están peligrosamente fatigados; que las funerarias y los crematorios no se dan abasto. Que no hay equipos de bioseguridad disponibles, y por ello la epidemia se extiende sin control entre los policías, los soldados, los internos de las prisiones y los indígenas amazónicos. Y que miles de personas huyen, incluso a pie, de la capital asolada por la epidemia.

La popularidad del presidente Vizcarra y su gobierno continúa siendo alta por ahora, pero ¿por cuánto tiempo tolerarán los peruanos que frente a la pandemia siga habiendo dos clases de rancho?