Hace poco más de 100 años llegó la gripe española al Perú, y hace exactamente 100 días se decretó el Estado de Emergencia por Crisis Sanitaria a consecuencia del virus COVID-19. Sin embargo, esos 100 años de historia que nos separan no fueron suficiente para que el país tomará las decisiones que permitan sobrellevar situaciones como las que se vivieron, viven y vivirán.   

El Perú ha sido uno de los países que ha sostenido desde muy temprano uno de los confinamientos más estrictos. Esto fue saludado internacionalmente como una acción positiva llevada a cabo por el Ejecutivo para poder controlar la pandemia. A efectos de ello, se aplicaron conceptos como salidas alternadas por días según el sexo de la persona, confinamiento estricto todos los domingos, el cierre de negocios considerados no esenciales, así como las fronteras y la prohibición de viajes domésticos. Para todo esto, se desplegó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, todas estas decisiones han afectado a los sectores socio-económicos más pobres del país, así como a otros más pudientes, y no se ha logrado cumplir con aplanar o disminuir la curva de crecimiento del coronavirus. Actualmente, estamos entre los 10 países con más casos de COVID-19, al haber llegado a un total de 260.810 personas infectadas y 8.404 fallecidas. Lamentablemente, estas cifras siguen aumentando.

Asimismo, es importante añadir que Lima concentra el mayor número de casos en el país, agrupando más de la mitad de los mismos, seguida por el Callao. También, cabe resaltar que el Perú es uno de los países en donde se han realizado mayor cantidad de pruebas, llegando a 1.539.746 pruebas en total y hasta 21 mil en un solo día.

Contradictoriamente, el Estado está ya en la fase 2 de la reactivación económica. Esto significa que diversas actividades como la manufactura, agricultura, construcción, comercio y servicios serán permitidas nuevamente. De igual manera, las empresas ya no necesitarán esperar la aprobación de su protocolo de seguridad, sino que bastará con presentarlo para reanudar sus actividades, esperándose una revisión ex-post. Asimismo, malls y conglomerados abrirán sus puertas al público a partir del lunes 22 de junio.

En ese sentido, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres manifestó que:

“Hoy aprobamos que los conglomerados puedan abrir sus puertas al público, como lo anunció el lunes el presidente… Apelamos a la responsabilidad de los empresarios que están adoptando estas medidas, que los usuarios puedan respetar las medidas de cuidado, y que tengamos una mirada y una actitud responsable con relación al comercio y cuidado de la salud" (El Comercio, 18/06/2020) .

Todos estos sucesos permiten entender cómo es que el presidente Vizcarra ha bajado 10 puntos en aprobación en el último mes, y 17 puntos desde marzo. Más aún si se toma en cuenta que la tasa de letalidad por esta enfermedad ha vuelto a subir a más del 3%. Esto significa que, aproximadamente, 3 de cada 100 pacientes infectados y registrados por el MINSA pierden la vida.

(No obstante, para el Dr. Juan Astuvilca esta cifra carece de veracidad, según sus estimaciones la verdadera tasa de mortalidad es de entre el 6 y 7%, a consecuencia de que el sistema hospitalario se ha visto desbordado y no hay suficientes camas UCI, como se verá a continuación).

Nuestro deficiente sistema de salud y sanidad pública

La pandemia ha sacado a flote un elefante blanco que todos conocíamos. El COVID-19 ha sido capaz de poner en evidencia todas las deficiencias estructurales de nuestro sistema de salud y sanidad pública. Hay falta de infraestructura, personal, logística, insumos médicos, acceso a medicamentos, equipamiento, entre muchas otras cosas. Este es un problema estructural que hemos venido cargando como país desde el inicio de nuestra república, estando ya a un año del bicentenario.

Actualmente, estamos viviendo el evento más mortífero desde el campo de la salud pública en aproximadamente 60 años. Esta cuarentena ha tenido un solo objetivo, aunque a veces no ha quedado tan claro. Este no ha sido que las personas no se contagien, sino que los contagios sean lo menos masivos posibles para que los hospitales no colapsen.

¿Por qué podría colapsar el sistema hospitalario tan rápido? Aunque hay varias respuestas para esta sola pregunta, una de las más importantes es que el Perú solo dedica, aproximadamente, 3% de su PBI en salud, cuando la OMS recomienda que se asigne como mínimo un 6%, siendo así uno de los países en el continente que menos invierte en este importante rubro.

En ese sentido, es totalmente entendible que en las condiciones actuales el sistema hospitalario se encuentre colapsando cada vez más, si es que no lo estaba ya desde antes. En Arequipa los pacientes no pueden acceder a camas hospitalarias, y deben pernoctar a la intemperie esperando atención. En Trujillo el Gerente Regional de Salud ha admitido el colapso de hospitales para pacientes COVID-19. En Ancash, el hospital de Huaraz colapsa ante el aumento de casos, sus áreas de triaje, hospitalización y unidad de cuidados intensivo ya superó su capacidad de atención. Asimismo, en Chimbote, el hospital Regional de Nuevo Chimbote también se encuentra colapsado, y esta imagen se replica a lo largo y ancho de todo el país.

Por otro lado, hay un olvido sistemático a los pueblos indígenas, no llegan a recibir bonos ni tienen servicios de salud, tampoco tienen señal de radio o televisión para que los menores puedan ser educados a distancia, y a la actualidad son más de 13.850 casos de COVID-19 confirmados en la Amazonía peruana.

El Estado está trabajando para revertir toda esta situación, es cierto. Según manifestaciones del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, se pasó de tener 247 camas UCI a 1.000. Asimismo, a fines de mayo el gobierno manifestó que se aumentarían en 10.000 el número de camas UCI al 30 de junio debería ser de 2.000.

Sin embargo, si se sopesa el avance del Estado en mejorar el sistema de salud, con el número de enfermos, el número de posibles nuevos enfermos que se darán a consecuencia de la reactivación de la fase 2 de la economía y el colapso de hospitales a todo lo largo y ancho del país, los avances están sumamente retrasados. A ello, se debe de añadir que las clínicas están cobrando entre 50 mil a 80 mil soles por hospitalización de un paciente COVID-19, además de haber cobrado hasta 7 millones de soles por pruebas moleculares que eran gratuitas. Una falta de regulación que claramente atenta contra derechos como el derecho a la vida y a la salud.

Igualmente, el precio de los balones de oxígeno ha subido hasta en 12 veces, y la compra de medicamentos por el Estado está siendo realizada de forma desorganizada. Cada entidad de salud pública tiene su propio sistema de adquisición de medicamentos, cuando, por el contrario, un sistema centralizado podría evitar actos de especulación y corrupción.

Estos últimos dos párrafos nos invitan, o tal vez, obligan moralmente, a re-pensar el capítulo económico de nuestra Constitución Política. El Estado se encuentra atado de manos y pies no pudiendo luchar de manera frontal contra la especulación de precios debido a una constitución que fue redactada para satisfacer intereses políticos y económicos del momento, y no con vocación de permanencia en favor de las personas.

Para comenzar, el Estado de Emergencia, según como se regula desde 1993, solo contempla conflictos de corte social o político, mas no emergencias sanitarias con consecuencias económicas, como la que estamos viviendo. A lo que me refiero, en resumen, es que se está afectando la vida de las personas a consecuencia de una ausencia de regulación económico-constitucional en favor del ciudadano, y, por lo tanto, la única herramienta a la mano es apelar al compás moral empresarial.

La economía de la informalidad

En el plano macro debe de distinguirse lo siguiente: los "martillazos" del gobierno no lograron reducir la curva del COVID-19, mas sí lograron asfixiar, entre otros, a la economía nacional. Ello ha llevado a que el Ejecutivo busque reiniciar el mercado económico a través de, por ejemplo, la apertura de centros comerciales y distintos mercados, así como tiendas y restaurantes, aun cuando la tasa de mortalidad sigue subiendo. Hay 2.3 millones de personas desempleadas, sin ingresos, y muchos sin beneficios sociales en tanto se encontraban en condición de informales. A esto debe de sumársele que los bonos del Estado han llegado mal, tarde o nunca, como se verá más adelante. Asimismo, el PBI ha registrado una caída constante, llegando hasta bajar en 40% en el mes de abril, y la contracción económica este año sería del 12%, así como un déficit fiscal similar al del primer gobierno de Alán García.

Asimismo, según las cifras emitidas por el Banco Mundial, de todas las economías que caerán en el mundo, la peruana será la tercera. Es decir que, seremos uno de los países que más sufrirá el impacto económico a causa del COVID-19. Ya en estos primeros 100 días se sabe que son más de 28 mil empresas las que se han acogido a la suspensión perfecta de labores, según datos del Ministerio de Trabajo, y partiendo de lo que INEI muestra, hay 2 millones 318 mil 300 personas desempleadas, solo en Lima, desde marzo hasta la actualidad.

Así, podemos observar como el plano económico es uno de los más afectados desde el inicio de la cuarentena y declaratoria del Estado de Emergencia. Tomemos en cuenta, además, que aproximadamente 70% de la fuerza laboral del país es informal, y por lo tanto no cuentan con beneficios laborales como CTS, AFP o seguro social de salud. Y no todos los “formales” han tenido la suerte de que sus derechos se les respeten. Por ejemplo, aerolíneas como Avianca han cerrado sus operaciones en nuestro país, y despedido a cientos de empleados, lo que ha causado que, a través de diversas redes sociales se hayan publicado, por ex trabajadores, diversas denuncias contra la mencionada empresa exigiendo los pagos correspondientes por indemnización por despido.

A consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior, y, tomando en cuenta que, por decisión del Estado, se cerraron los negocios considerados no esenciales, este decidió emitir subsidios económicos representados a través de 4 bonos dirigidos a diferentes sectores de la población.

• Bono familiar universal: bono único de 760 soles destinado a hogares vulnerables ante el riesgo de propagación del COVID-19.

• Bono 380 (2 bonos): Destinado a familias que califican dentro de la categoría de pobres o pobres extremos por un total de 760 soles.

• Bono rural: Dirigido únicamente a las familias que se encuentran en las zonas rurales del país, dedicadas al sector agrario y que están consideradas dentro del grupo de pobreza o pobreza extrema. 760 soles.

• Bono independiente: Destinado a aquellos trabajadores independientes que hayan dejado de recibir ingresos y que emitan recibos por honorarios. 380 soles

Sin embargo, todos estos bonos han sufrido una serie de problemas en su aplicación. El primero eran las largas colas que se generaban en los bancos para poder cobrar el dinero, estos espacios se volvieron altamente contagiosos, cuando lo que se procuraba era que las personas no salieran de sus casas para evitar el contagio. Asimismo, durante la primera semana del pago de los bonos se reportaron una serie de fallas en la inscripción del Registro Nacional de Hogares para ser empadronados y poder solicitar el subsidio. Muchas familias no pudieron registrarse a través del portal habilitado para poder hacerse acreedores de este bono y por lo tanto no han podido cobrar lo que les corresponde.

Tal y como lo indico Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, uno de los mayores problemas fue que estos bonos deberían de ser entregados todos por una misma institución, cosa que no se ha estado haciendo; problema similar al que se vio líneas arriba respecto de la compra de medicamentos.

Asimismo, los montos que se han permitido retirar tanto de las AFP como de la CTS son medidas que, primero suponen que la persona cumpla con una serie de requisitos, y segundo, supone que estés dentro del sector laboral formal, el cual está representado por una pequeña porción de la población.

De ese mismo modo, servicios básicos como lo son la electricidad, telefonía, Internet y agua potable podrían comenzar a cortarse a quienes estén debiendo pagos. Por ejemplo, SEDAPAL ya ha expresado públicamente que solo podrá garantizar el servicio de agua hasta el mes de agosto. La empresa se quedará sin fondos de contingencia a partir de ese mes. La medida realizada por el Estado del prorrateo del pago de servicio de agua establecido en el Decreto de Urgencia 036 genera un desfase de caja de la empresa.

Todo esto es de especial relevancia si tomamos en consideración el estado actual del desempleo en el país. El mercado laboral se ha visto duramente afectado por la cuarentena. De acuerdo a la información recogida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en Lima, es decir, que tenía un trabajo formal o informal, cayó 47.6% entre marzo y mayo. Esto significa que de los 4 millones de personas que estaban empleadas en el mismo periodo del año pasado; 2 millones 318 mil 300 han perdido sus empleos este año.

Por otro lado, en lo que se refiere al apoyo empresarial, los prestamos Reactiva Perú han sido bastante controversiales. La Comisión de Economía del Congreso de la República ha acordado citar a la Ministra de Economía con el fin de que brinde información sobre los créditos otorgados a empresas bajo esta modalidad. Esto se debe a que empresas como los estudios jurídicos Flores Nano y Monroy obtuvieron créditos, aun cuando los representantes de ambos son investigados en el caso Lava Jato.

En esa línea, la agencia de investigación periodística Ojo Público pudo establecer que, de las 71 mil personas jurídicas y naturales que a nivel nacional recibieron un total de S/24 mil millones, 975 eran empresas de alta facturación, lo que representa el 35% del total de los millones distribuidos hasta fines de mayo. Y, lo que causa mayores problemas frente a como se ha realizado la distribución de estos bonos es la ausencia de sistemas de cumplimiento y verifican que permitan identificar si es que las empresas han hecho un uso de adecuado de los préstamos solicitados y recibidos, pues estos solo pueden ser usados para pagar planillas y proveedores. Caso contrario, se podrían estar cometiendo delitos como, por ejemplo, obtención fraudulenta de créditos y apropiación ilícita.

Finalmente, la lucha contra el COVID-19 y las consecuentes afectaciones económicas hubieran sido mucho más bajas si es que desde el Estado se luchara transversalmente contra la corrupción. Según el informe Corrupción en la Emergencia Sanitaria COVID-19, elaborado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, y que ha compilado todos los casos de corrupción descubiertos desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el 04 de junio de este año, los principales delitos cometidos desde las diferentes instancias del Estado suponen peculado, colusión, negociación incompatible, cohecho y malversación de fondos. Existen un total de 724 casos denunciados, de los cuales más de la mitad se concentran la Lima, Ancash, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.

Derechos humanos y pandemia

Aunque gran parte de la población a las calles aplaudió la salida de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional, esto no ha significado una real disminución en temas de violencia. Por ejemplo, respecto de la violencia de género:

• Desde el inicio del Estado de Emergencia han desaparecido 202 adultas y 355 niñas, cada 3 horas desaparece una mujer en el Perú.

• Van 25 tentativas de feminicidio.

Esto se pudo observar en el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

Asimismo, desde las Fuerzas Armadas, específicamente desde el Ejército, se han dado dos denuncias de desaparición de soldados, quienes realizaban servicio militar. En ambos casos, fueron encontrados con indicios de haber sido sometidos a castigos físicos, y los familiares de los soldados desaparecidos tuvieron que buscar ayuda a través de medios de comunicación, dado que desde las Fuerzas Armadas no recibían respuesta alguna.

Finalmente, respecto a la labor del Ejecutivo en lo que se refiere a los Establecimientos Penitenciarios (EP) del país, ha habido una serie de errores que han causado muertes que pudieron no serlo. Desde que se inició la cuarentena su supo que las cárceles y los centros de reclusión juvenil serían lugares de contagio masivo, no solo por la gran cantidad de personas que albergan, sino por el alto porcentaje de hacinamiento que existe en las mismas, aproximadamente un 140%.

Es así que, desde que empezó el Estado de Emergencia, ha habido por lo menos 06 motines en distintos EP del país; Ayacucho, Arequipa, Piura, Pucallpa, Lima, entre otros. Todos estos tuvieron como propósito la situación del COVID-19. Entre los pedidos de los reos y reas se solicitaba: mejor atención médica para presos con enfermos, temor por posibles contagios a consecuencia de alto grado de hacinamiento y la falta de materiales de protección y medicinas. De los 06 motines mencionados previamente, esto ha llevado a la muerte de por lo menos 10 reos, 20 reos heridos, y, aproximadamente, 60 trabajadores del INPE, así como 05 policías heridos.

Los pedidos de los internos guardan concordancia con la realidad, de la suma de internos enfermos por COVID-19, partiendo de las declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, sumado a las cifras expuestas por comunicados del INPE, hay más de 1000 (mil) personas entre internos hombres y mujeres infectados.

Por otro lado, es cierto que el Estado ya ha tomado medidas a partir de que el Congreso le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para que este pudiera legislar en materia penal y penitenciaria de manera tal que se puedan establecer medidas para el deshacinamiento de los EP y centros juveniles de detención. Sin embargo, la demora para afrontar un problema latente en nuestra sociedad ha causado, como se ha podido ver líneas arriba, una serie de muertes que pudieron evitarse. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha actuado acorde a la Constitución al declarar el “estado de cosas inconstitucional” a consecuencia del hacinamiento penitenciario, ordenando que se tomen medidas urgentes, a través de lo que se conoce como una “Sentencia Estructural”, para que se solucione la inconstitucionalidad del hacinamiento penitenciario.

Queda aún mucho camino por andar

En conclusión, de lo visto y vivido y en estos 100 días, el Estado ha cometido más desaciertos que aciertos. Se debe de saludar el esfuerzo por mejorar el sistema de salud, por tratar de aminorar las consecuencias económicas que son imposibles de esquivar. A todos nos golpeará. Se debe de saludar, también, y aplaudir, la labor de todas las personas que han seguido trabajando: doctores, enfermeras, técnicos, personal administrativo, policías, fuerzas armadas, agricultores, a los chicos que han atendido largas colas en los bancos para que se puedan cobrar los bonos, entre muchos otros más.

Sin embargo, el Estado no ha estado a la altura de los retos que nos han tomado desprevenidos, sí, pero que no debieron tomarnos de sorpresa. Es cierto que la mayoría de problemas estructurales de las diferentes entidades del sector público, por no decir todos, no son culpa solamente del actual gobierno, sino de años y años de negligencia política y social. Sin embargo, es a este gobierno a quien le ha tocado luchar contra esta emergencia sanitaria, y queda mucho camino por andar, solo que, a diferencia de los versos de Machado, esperemos que el camino no se haga al andar y que este se construya pensando en el futuro próximo .