Daniel Urresti, nunca un simple ciudadano
Ricardo Alvarado, COMISEDH
Años de violencia y dictaduras han dejado en el imaginario popular dos imágenes aparentemente contrapuestas de los militares, que más que atributos reales, revelan ciertas carencias o anhelos de la sociedad civil peruana. Por un lado, representan el orden, la disciplina y la eficiencia; por otro, representan la fuerza, la amenaza de acción letal, decisiva, a veces brutal.
Desde su entrada en la escena política del brazo de Ollanta Humala, el congresista Daniel Urresti ha sabido explotar con habilidad la imagen estereotipada del militar. Hombre autoritario, vociferante, estruendoso, fue ministro del Interior y luego gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, donde se mostró partidario de la acción directa contra delincuentes, ambulantes y migrantes; como congresista, ha presentado en menos de un año casi 30 proyectos de ley sobre los temas más variados, desde el manejo de la pandemia de COVID-19 hasta la creación de nuevos distritos en la región Moquegua y de parques ecológicos en Santa Anita. No es un secreto que alberga ambiciones presidenciales, y de hecho, desde el año pasado es de los precandidatos más populares en las encuestas.
Sin embargo, este hombre tan impetuoso y decidido se vuelve en apariencia tímido y medroso frente a un aspecto de su pasado: su presunto involucramiento en el asesinato de Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista Caretas, cometido el 24 de noviembre de 1988, en la posterior tortura de Bernardino Gálvez Ruiz y la violación sexual de Ysabel Rodríguez Chipana. De acuerdo con sentencias firmes del Poder Judicial, el asesinato de Bustíos fue perpetrado por efectivos militares de la base del Ejército en Castropampa, Huanta, en la que el entonces capitán Urresti servía como oficial S-2, es decir jefe de Inteligencia.
Durante el juicio anterior, anulado por decisión de la Corte Suprema ante los vicios evidentes de la sentencia absolutoria de la Sala Penal Nacional, la Fiscalía se empeñó en demostrar que Daniel Urresti había estado presente en el lugar y en el momento del crimen. A nuestro parecer, este enfoque, aunque no erróneo, es redundante. Bastaría con demostrar, dentro del estándar propio de los juicios por crímenes contra la humanidad, que el oficial S-2 formaba parte de la estructura de mando de la base de Castropampa, y por lo tanto participó en la decisión de asesinar al periodista, no pudiendo de ninguna manera ignorarla o desconocerla.
Frente a las acusaciones, testimonios y evidencias, la estrategia de Urresti siempre ha sido enturbiar las aguas, tratar de sembrar dudas, dilatar y ensombrecer el proceso judicial. Así, dentro de su línea de defensa tenemos numerosos argumentos mutuamente excluyentes, expuestos en sucesivas fases del juicio anterior. Así, tenemos que el asesinato lo cometió Sendero Luminoso, pero los militares responsables ya fueron sancionados; la testigo presencial es una terrorista arrepentida y responsable de asesinatos, pero Urresti no sabía de su existencia, pese a que la supuesta terrorista vivía a pocos kilómetros de Huanta; el general comprende el dolor de los familiares, pero el juicio es parte de una conspiración del fujimorismo, del APRA, Caretas, IDL y COMISEDH para terminar con su carrera política; Urresti siempre estuvo en Castropampa, pero en ese momento, no; o tal vez sí, pero estaba enfermo. Y así sucesivamente.
Exponer sucesivamente argumentos contradictorios no es tanto recurrir al principio jurídico in dubio pro reo (la duda favorece al reo) como montar un operativo psicosocial para hacer socialmente inaceptable una condena. Así, Urresti se muestra por momentos desafiante, por momentos quejoso, por momentos victimizado; acude al juzgado a veces en carro, a veces a pie, incluso en muletas; a veces va solo, a veces es acompañado por una “portátil” que, en Lima o en Huanta, vitorea su nombre mientras insulta y agrede a la familia Bustíos y a los testigos de la acusación.
Por supuesto, el general alega que no tiene nada que ver con las acciones de estos desaforados, aunque espontáneos, seguidores. Tampoco con la lentitud con que se desarrollan los procesos judiciales, pese a que una abrumadora mayoría de las demoras se deben a tecnicismos invocados por su defensa. Menos con no afrontar los juicios desde el llano, y siempre en posiciones de poder. Ante todo, Urresti es ex general, ministro de Humala, gerente, candidato populista, congresista de Pepe Luna, enemigo del APRA, del fujimorismo, de los migrantes y los ambulantes. Nunca un simple ciudadano. Esta es sin duda su mejor arma de defensa frente a la acusación por el asesinato de Hugo Bustíos, así como la posterior tortura de Bernardino Gálvez y la violación sexual de Ysabel Rodríguez, hechos actualmente investigados por el Ministerio Público.
Gracias al enésimo aplazamiento, tras haberse pasado las semanas de pandemia exigiendo ante cámaras el apresuramiento del juicio, Urresti acaba de solicitar y obtener tres semanas de plazo para que su defensa estudie el expediente de la causa. Por desgracia para la justicia y para los familiares de Bustíos, la pandemia ha otorgado a Daniel Urresti unos meses preciosos para lograr su objetivo principal, que es llegar a las elecciones de abril 2021 sin una sentencia; su último guiño ante cámaras, presentándose al juicio yaciendo en cama por un supuesto cuadro de COVID-19, apunta en el mismo sentido.
Daniel Urresti no juega a las escondidas; por el contrario, su estrategia es clara y transparente. Tratará de enredar el pleito ad nauseam, estirando los plazos, hasta que los hechos políticos (la inminencia de las elecciones, un resultado favorable de éstas, incluso su elevación a la presidencia) hagan inviable una sentencia en su contra.